Avanzamos algunas de nuestras propuestas principales:

1. Reforma de la Constitución, centrada en tres ámbitos principales:
a) cierre del modelo territorial mediante la atribución al Estado de
un conjunto de competencias fundamentales (por ejemplo educación y
fi scalidad, además de las que tiene actualmente) que no deben ser delegadas.
Igualdad básica de competencias para todas las comunidades
autónomas. Desaparición de la referencia a los “derechos históricos”
y de la disposición transitoria cuarta relativa a la eventual fusión de la
Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra.
b) mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones individuales,
que deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos del país,
sin someterlos a discriminaciones territoriales, ideológicas ni religiosas,
así como a políticas de supuesta “normalización lingüística” o a precedencia
de los nativos sobre los inmigrantes de otras partes de España.
c) mejora de la división de poderes, en especial reforzando la autonomía
del poder judicial respecto al ejecutivo (revisión del papel del
Fiscal General, por ejemplo) y el legislativo, consolidando la unidad del
sistema judicial en todo el país y evitando su despiece en sistemas
autonómicos independientes. También deben buscarse fórmulas que
garanticen la independencia y profesionalidad del Tribunal Constitucional,
del Tribunal de Cuentas y de los órganos reguladores de carácter
económico, para eliminar su dependencia del poder ejecutivo.
2. Para hacer efectiva la laicidad del Estado, revisión de los actuales
acuerdos concordatarios con la Santa Sede y con las demás confesiones religiosas.
3. Reforma de la Ley Electoral, que deberá corregir la desproporcionada
representación de los grandes partidos, mediante la revisión del sistema de
circunscripciones electorales, y acabar con la excesiva preponderancia de los
partidos nacionalistas, a los que se concede en la práctica un poder de arbitraje
que da origen a la extensión de lo que hemos llamado “nacionalismo obligatorio”,
así como de sus imitaciones regionalistas.
4. Promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de
la educación pública laica y de la investigación científi ca y se opongan a la
18 | Unión Progreso y Democracia
difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluida la introducción de asignaturas
concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos
los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o
creencias religiosas e ideológicas. En este sentido, reclamaremos el escrupuloso
cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado
y negado en varias comunidades autónomas, y nos opondremos a toda
medida de discriminación política y social basada en supuestos lingüísticos
considerados normalizadores por el nacionalismo. Defenderemos en cambio la
normalidad de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien
debe ser reconocida, protegida legalmente y empleada por la Administración
para garantizar el bilingüismo donde éste exista realmente, de ningún modo
debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer
cualquier empleo público o tener un negocio privado.
5. Medidas de regeneración democrática que vinculen más estrechamente
a los representantes políticos con sus representados –examinaremos
la posibilidad de introducir un sistema electoral con listas abiertas, la elección
directa de los cargos personales principales como presidencias de gobiernos
(nacional y autonómicos) o alcaldías, la limitación de mandatos–, e introduzcan
incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios
privados. También propondremos medidas que prevengan pactos poselectorales
que desvirtúen o tergiversen el resultado electoral, que hagan más
transparente la fi nanciación de los partidos políticos y mejoren su autonomía
con respecto a los grandes poderes económicos.
6. Medidas para combatir el terrorismo que pongan el énfasis en la derrota
de ETA y de las demás organizaciones terroristas, en combatir sus acciones
violentas, en perseguir su fi nanciación y en impedir su justifi cación política
e ideológica. En sus peores manifestaciones, el terrorismo debe ser considerado
un crimen contra la humanidad, de manera que los delitos terroristas sean
imprescriptibles y sujetos a jurisdicción universal. En ningún caso debe ser
considerado como una forma aceptable o justifi cable de la acción política, y
debe ser proscrito en todas las sociedades.
7. Medidas económicas y sociales que, con respeto a la estabilidad macroeconómica,
promuevan el desarrollo y la competitividad de la economía española,
a la vez que corrigen las desigualdades regionales. El Estado ha de
mejorar la educación, formación y seguridad de los trabajadores, propiciar por
medio de las infraestructuras la integración del mercado interior, favorecer la
investigación y la innovación en las empresas, y garantizar la libertad económica
así como el ejercicio de la competencia.
Manifi esto, Estatutos y Resoluciones Políticas del Primer Congreso | 19
8. Política internacional sensible a las transformaciones consecuentes a
los procesos de globalización e integración mundial, incluido el intercambio de
grandes poblaciones de distinta tradición cultural a través de las migraciones
económicas y políticas, con vistas a lograr que estos grandes cambios, en
lugar de favorecer la intolerancia cultural, el fundamentalismo religioso y la
tiranía política, impulsen el progreso de la humanidad y el libre desarrollo de la
civilización y de los principios democráticos universales en todo el mundo. Una
política internacional que, por otra parte, corrija el apoyo prestado a regímenes
autoritarios o populistas tanto en Latinoamérica como en el norte de África, y
que dé una respuesta justa y equitativa a la deuda moral que los españoles
tenemos contraída con el pueblo saharaui. Una política internacional que, a la
vez que afi rma la soberanía nacional en los foros internacionales, promueva
también la profundización de la integración europea y fortalezca la Unión Europea
en los terrenos político y de defensa para que los europeos podamos
encontrar el lugar que nos corresponde en el concierto internacional.
Con respecto a Europa, queremos afi rmar nuestra confi anza en la consecución
de una Unión profundamente democrática, que progrese en la abolición
de las fronteras interiores, favorezca la libertad de circulación y residencia de
los ciudadanos europeos y persiga la convergencia fi scal, jurídica y educativa
de los Estados europeos.
9. Medidas racionales en política medioambiental que hagan compatibles
el desarrollo económico y tecnológico con la protección del medio ambiente y
especialmente de la biodiversidad, mediante la potenciación del ahorro energético,
la investigación del cambio climático y sus posibles medidas correctoras,
la mejora de la legislación protectora de espacios naturales y la mejora
progresiva de la calidad ecológica de las ciudades y del conjunto del territorio,
así como nos opondremos a la destrucción del litoral y de áreas naturales sensibles
por una urbanización abusiva o usos inadecuados.
Conclusión
Ninguno de los grandes partidos nacionales actuales –menos aún los
nacionalistas– defi ende propuestas equivalentes a las nuestras. Su fi rmeza
contra el nacionalismo obligatorio resulta discutible, pues ninguno ha dejado
de hacer concesiones que atacan la igualdad de la ciudadanía española en
materia lingüística, educativa, fi scal o de servicios públicos. Tampoco ninguno
propone la reforma de la Constitución que, lógicamente, necesita adaptarse a
las nuevas condiciones políticas del país y a un mundo en permanente cambio.
Ni propugnan una reforma de la legislación electoral que quizá perjudicase sus
expectativas, a pesar de que mejoraría la democracia al conseguir una repre20
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sentación